Escazú: información y participación ambiental

La mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de toda la ciudanía interesada[1]. El acceso a la información pública y la transparencia en los asuntos ambientales permiten el ejercicio del derecho a la participación y en conjunto son pilares de la democracia ambiental.



A pesar de los avances en la garantía del ejercicio pleno de los derechos de acceso en América Latina y el Caribe, persisten desafíos relativos a la opacidad en el sector ambiental y la falta de consulta de la población en la toma de decisiones. Además, la corrupción es un problema que no permite la consolidación de procesos transparentes.


De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2020[2], en la región de América Latina y el Caribe se presentan altos niveles de corrupción. 15[3] países de los más de 40 que la conforman, tienen una puntuación por debajo de los 40/100, donde 0 es mayor corrupción y 100 más transparente; el más bajo es Venezuela con 15 puntos. La exigencia de la población para participar en la toma de decisiones ambientales va en aumento, y requiere de un redimensionamiento de los mecanismos para garantizarla.


En este contexto, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018, en vigor a partir del 22 de abril de 2021 (Día Internacional de la Madre Tierra), es el primer acuerdo ambiental de la región para fortalecer la protección del ambiente y garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.


Asimismo, es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, lo que cobra relevancia considerando que, en 2019 más de dos tercios de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente ocurrieron en América Latina[4], posicionada constantemente como la región más afectada desde 2012.


México, a raíz de la ratificación del Acuerdo de Escazú el 22 de enero de 2021, tendrá el compromiso y reto de implementar las disposiciones contenidas en este instrumento regional. Si bien en el país se cuenta con un marco normativo de protección de los derechos humanos garantizados en el Acuerdo, este último se presenta como un mecanismo para promover su aplicación a nivel nacional y regional.

En este sentido, instrumentos como el Índice de Transparencia de los Recursos Naturales (ITRN) son de suma importancia para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental y la transparencia. El ITRN[5] es una herramienta que mide el nivel de transparencia de la información que se pública en los portales gubernamentales respecto del manejo de los recursos forestales, hídricos y pesqueros y forma parte del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2020-2021, en el que se busca facilitar la participación informada en la gestión de los recursos naturales.


La evaluación del ITRN respecto a la información pública del año 2019 mostró las áreas de mejora en los cuatro indicadores del índice: transparencia activa, transparencia reactiva, transparencia proactiva y datos abiertos, y permitió determinar e implementar las estrategias de acción de las instituciones involucradas a fin de aumentar la transparencia de la información en los sectores forestal, pesquero e hídrico, con la colaboración activa de las organizaciones de la sociedad civil. Para la edición del ITRN 2020, se obtuvo una calificación baja, de 0.29/1, donde 0 se refiere a una falta de transparencia de la información y 1 que la información se encuentra disponible bajo los criterios solicitados.


La calificación del ITRN es preocupante sobre todo si se considera que, ante conflictos socioambientales, los principales grupos que se movilizan son los propios habitantes de las comunidades (28%)[6], y son, en definitiva, los que más dificultades tienen de acceso a la información que requieren para ejercer sus derechos de participación y justicia ambiental en el territorio. De esta manera, el ITRN busca la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad e impulsa de manera particular la transparencia de las necesidades de información que tienen las personas defensoras del territorio.


Es por ello que el desarrollo del ITRN y de mecanismos similares encaminados a transparentar la gestión ambiental y su impacto ayudaría a materializar los derechos de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales que se garantizan en el Acuerdo de Escazú, ya que contribuyen a impulsar las acciones gubernamentales en el ámbito de estas garantías.


Concluyendo, el Acuerdo de Escazú se presenta como una oportunidad para transitar hacia un nuevo modelo de gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe donde la participación gubernamental y social será crucial para la adecuada implementación del instrumento regional.

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[1] Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

[2] Transparency International, 2020, Corruption Perceptions Index,

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/bhs

[3] México, República Dominicana, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Suriname, Bolivia, Paraguay.

[4] Global Witness, 2020, Defender el Mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/

[5] Para ver más información sobre el ITRN, así como los resultados consultar: https://www.transparenciarecursosnaturales.org/

[6] PNUD México-INECC. 2017. Mapeo y análisis espacial de conflictos ambientales en México. Proyecto 86487 “Plataforma de Colaboración sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde entre Canadá y México”. 71 pp. Nelly Lucero Ramírez Serrato. México.

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Fuentes consultadas:


CEPAL, 2018, Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, https://observatoriop10.cepal.org/es/documentos/acceso-la-informacion-la-participacion-la-justicia-asuntos-ambientales-america-latina

CEPAL, 2018, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu.

ONU, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm.

Global Witness, 2020, Defender el Mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/

PNUD México-INECC, 2017, Mapeo y análisis espacial de conflictos ambientales en México. Proyecto 86487 “Plataforma de Colaboración sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde entre Canadá y México”, 71 pp. Nelly Lucero Ramírez Serrato. México.

Transparency International, 2020, Corruption Perceptions Index, https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/bhs.