Los bosques enfrentan una gran presión asociada con la demanda de proyectos mineros, hidroeléctricos, agricultura y ganadería a gran escala, así como desarrollo de infraestructura que terminan relacionados con talas ilegales.

Los bosques nos proveen de una serie de servicios como agua limpia, oxígeno, absorción de carbono, productos farmacéuticos, biodiversidad y belleza escénica; para que podamos seguir gozando de estos benéficos, las leyes y políticas deben responder a los retos con los que nos enfrentamos actualmente, en materia de legislación forestal, las regulaciones deben considerar la conservación y el desarrollo sostenible.

Dado el tamaño estimado del mercado de la madera ilegal en México, se requiere impulsar a las comunidades forestales del país para introducir más madera legal y producida sustentablemente al mercado, que mantenga un monitoreo preciso de la procedencia.

Se deben generar mecanismos de articulación y coordinación entre las instituciones y las políticas públicas, tomando en cuenta las estructuras y formas de organización local y los instrumentos de gestión forestal comunitaria para garantizar la integridad de los ecosistemas y los territorios, desarrollar el potencial de generación de beneficios ambientales, favorecer mejores condiciones de vida de los habitantes de los territorios forestales y contribuir a la gobernabilidad de forma tal que se desincentive el aprovechamiento forestal fuera de la ley.